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17 de octubre. Supervisó CEDH operativo de apertura de la mina Santa Bárbara

Había un riesgo latente por acumulación de residuos minerales

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Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021

El Gobierno del Estado intervino en el operativo de apertura de la mina de Santa Bárbara a petición de la empresa que la Industrial Minera México, actual concesionaria de la misma, ya que existía un riesgo latente de seguridad debido a la acumulación de materiales químicos que se utilizan en esa planta.

El operativo permitió la salida de camiones cargados con concentrados químicos, toda vez que éstos representaban un riesgo para la seguridad tanto de la mina como de los mismos pobladores de Santa Bárbara, ya que no había espacio para almacenarlos dentro de las instalaciones de la mina.

Por otra parte, el Gobierno del Estado protegerá los derechos de los más de 2 mil trabajadores de la mina de Santa Bárbara, quienes ven en riesgo la permanencia de su fuente de empleo ante el bloqueo que lleva a cabo un grupo de ex empleados de Minera México, debido a una demanda que no tiene relación alguna con la empresa.

Desde el 11 de septiembre del 2016, un grupo de ex trabajadores mantiene bloqueados los accesos a la mina de Santa Bárbara, con lo cual se interrumpió el libre flujo sobre los caminos hacia sus instalaciones y por medio de los cuales se transportan los concentrados de mineral que se producen y los empleados llegan a sus fuentes de trabajo.

Por esa razón, el Gobierno estatal intervino para evitar la acumulación de materiales que podrían llegar a ser peligrosos.

Representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Notaría Pública No. 2 del Distrito Hidalgo, dieron cuenta que los agentes antimotines no ejercieron violencia física ni portaban armas de ninguna especie al momento de efectuar la operación.

Cabe mencionar que la protesta que llevan a cabo los inconformes está totalmente fuera de la ley, toda vez que no existe fundamento para impedir la entrada y salida de la planta minera, ni evitar que continúen sus labores cotidianas.

El Gobierno del Estado mantiene su postura de respetar el derecho a la manifestación, siempre y cuando ésta no violente los derechos de terceras personas, como era el caso de la minera y de los actuales trabajadores.

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