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29 de septiembre. Es momento de visibilizar desplazamientos forzados: gobernador

Imparte en Chihuahua el Consejo Noruego de Refugiados taller sobre Desplazamiento Interno Forzado

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Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021

En respuesta al compromiso hecho con los chihuahuenses, para colocar los derechos humanos en el centro de la gestión pública, fue impartido un Taller sobre Desplazamiento Interno Forzado, para asociaciones civiles y sus directivos, además de funcionarios estatales, lo que permitirá diseñar un protocolo de atención a este sector de víctimas del crimen organizado.

Tal instrucción, está a cargo del Consejo Noruego de Refugiados (CNR), el organismo humanitario más grande del mundo, especializado en situaciones de desplazamiento interno en entornos de alto riesgo, desde la prevención hasta la reintegración de los afectados.

La presencia del Consejo, se derivó de la invitación que el gobernador, Javier Corral Jurado, hizo en julio pasado al exprimer ministro de Noruega, Jan Egeland, ahora presidente del CNR, para apoyar a Chihuahua.

El titular del Ejecutivo estatal, explicó que las acciones se enmarcan en el eje transversal “Derechos Humanos e Inclusión Social” del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, al que se ha comprometido su administración y para lo cual ya recibió dos asesorías gratuitas del Consejo, por medio de videoconferencias.

“Es momento de visibilizar esta desgracia. El narcotráfico aquí en Chihuahua es la causa fundamental del desplazamiento forzado. Delincuentes organizados, sin el menor escrúpulo, irrumpen comunidades, queman sembradíos de los campesinos indígenas y mestizos, y los despojan de sus tierras, para cultivar amapola, destruyen sus comunidades, abusan de mujeres y niñas, y esclavizan a los jóvenes”, expresó.

Consideró que fue el sistema político corrupto, vigente en muchas partes de México, el que permitió el florecimiento del narcotráfico, bajo complicidades y un vil reparto de ganancias, que es lo que ahora busca desmantelar su la actual administración estatal.

Por tal motivo, celebró ser el primer Estado mexicano en alojar una capacitación de esta talla, a pesar de tratarse de un delito del orden federal, compromiso que Chihuahua asumió al iniciar la depuración de las corporaciones policiacas.

También pidió a la comunidad internacional, ser propositiva con un problema trasnacional, no particular de México, y cooperar con tecnologías de investigación y persecución del delito, combate a la corrupción, prevención de adicciones y atención al desplazamiento, como lo hizo el Consejo Noruego.

Destacó haber cumplido los primeros compromisos al respecto, hechos hace un año en su toma de protesta, con la creación de la Fiscalía Especializada en Violaciones a los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el contrato del Equipo Argentino de Antropología Forense.

El gobernador, llamó a funcionarios y funcionarias, a empeñarse en aprender de esta experiencia internacional y crear sinergias con la sociedad civil, para ejecutar un protocolo que después pueda convertirse en ley.

Por su parte, Cristian Visnes, director regional del Consejo Noruego para América Latina, destacó lo importante que resulta el reconocimiento hecho por un gobierno, de una problemática mundial que tiene un crecimiento exponencial.

Señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define al desplazamiento interno, como el abandono de hogares y zonas de residencia, por personas o grupos, causadas por un conflicto armado, violencia generalizada y violación de los derechos humanos.

El más grave ejemplo es Colombia, pues desde hace 25 años atraviesa esta situación y actualmente suman 7 millones 246 mil personas desplazadas, mientras que Siria es la nación que más refugiados tiene, comentó.

Explicó que el organismo humanitario, tan solo en 2016, atendió a casi siete millones de personas en el mundo, con agua y saneamiento, asistencia alimentaria, albergue, educación y asistencia legal, con la ayuda de 12 mil activistas.

Irma Villanueva Nájera, titular de CEAV, indicó que es la primera vez que un gobierno chihuahuense visualiza esta problemática, y para atenderla, tendrá que definir un marco regulatorio de protección a los afectados.

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