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14 de julio. Acusaciones son falsas y obedecen a intereses políticos: Almada

42visitas 07:17am


H. Ciudad Juárez, Chihuahua.- El subsecretario de Desarrollo Social de la Frontera, doctor Hugo Almada Mireles, negó hoy de manera rotunda las acusaciones en el sentido de que existió un manejo discrecional de 30 millones de pesos del presupuesto de la dependencia. Dijo que los señalamientos obedecen a intereses políticos y que están basados en la alteración de algunos documentos, por lo cual solicitó una investigación para deslindar responsabilidades.

En conferencia de prensa, el funcionario desmintió todas y cada una de las acusaciones contenidas en un oficio firmado por un grupo de siete personas u organizaciones, entre las que se encuentran la Red de Transparencia y la Red Mesa de Mujeres.

Para respaldar sus afirmaciones, el subsecretario presentó ante los medios de información una serie de documentos en los que se comprueba la falsedad de los señalamientos en su contra.

“Es absolutamente falso que se hayan asignado, como se afirma, más de 30 millones al establecimiento de 10 enlaces interinstitucionales, y mucho menos a los rubros y cuentas que mencionan”, expresó Almada.

Agregó que, en la información que se les entregó oportunamente a las organizaciones, en el Anexo 4, viene el desglose del presupuesto inercial por 35 millones de pesos, que fue preparado y decidido por la Secretaría en la ciudad de Chihuahua.

A su vez, en el Anexo 5, también entregado, viene el desglose, partida por partida, de los 100 millones de pesos que corresponden al Plan Especial Juárez.

Las afirmaciones que hacen las organizaciones se basan en el Programa Operativo Anual (POA), que es un documento tentativo de metas, y no en el presupuesto de la Subsecretaría. Las organizaciones no revisaron los otros documentos que les fueron entregados, manifestó.

“Es necesario aclarar que nosotros enviamos a la ciudad de Chihuahua el POA solamente con las metas de cada uno de los programas, sin incluir ningún monto o partida en este documento”, indicó. “Tengo en mi poder el documento con mi firma y con mi rúbrica al calce en cada una de las hojas, en las que se incluyen las metas de cada programa, pero ninguna cantidad presupuestal”.

Sin embargo, precisó, hay varias hojas en el documento del POA que no tienen su rúbrica. Y son precisamente esas hojas sin su firma en las que se basan las acusaciones.

Dijo que el documento fue posteriormente alterado, por lo que es necesario investigar si se trató de un error. Al documento le fue agregada una columna que incluye un presupuesto autorizado, pero éste “no estaba en el documento que yo revisé”, puntualizó Almada.

Añadió que esas cantidades agregadas al documento “son la base sobre la cual las organizaciones están haciendo acusaciones públicas tan graves como que asignamos más de 30 millones de pesos de manera discrecional y solo al establecimiento de 10 enlaces interinstitucionales”.

Dijo que existen pretensiones e intereses en su contra, de parte de esas organizaciones, y de individuos como el señor Abraham Monárrez, quien varias veces ha pedido públicamente la destitución del subsecretario, basado en las mencionadas falacias.

El funcionario también rechazó los señalamientos de falta de transparencia en la Subsecretaría. Dijo que, en forma dolosa, la Red Mesa de Mujeres afirma haber hecho una solicitud de información desde noviembre de 2016 y obtenido repuesta hasta mayo de 2017.

Aclaró que la solicitud de esa organización fue dirigida al Secretario de Desarrollo, pero la Subsecretaría no fue notificada. “Dado que el oficio iba dirigido al secretario, legalmente yo estaba imposibilitado para responder, salvo que se me delegara por escrito tal facultad (bajo pena de incurrir en responsabilidad administrativa o penal)”, expresó.

Aun así, dijo, la Subsecretaría respondió en tiempo y forma una notificación formal de la Secretaría de la Función Pública, recibida el de 24 de marzo de 2017.

El subsecretario negó también el señalamiento de que la asignación de subsidios se hizo en base a sus relaciones personales. Recordó que la Subsecretaría ha hecho pública la manera en que serán realizadas las convocatorias para la asignación de recursos. Aclaró que, además, la dependencia no ha entregado recursos aún, salvo los que han sido de manera directa, como lo fue un millón de pesos a los Centros de Bienestar Infantil, además de otros 4 millones asignados por el Congreso estatal.
Mencionó también que ninguno de sus familiares ha recibido un solo centavo de los recursos públicos, como tampoco ninguna organización en donde esté relacionado algún familiar. “Cualquier insinuación sobre esto ha constituido una verdadera infamia”, declaró el subsecretario, luego de mencionar la posibilidad de entablar una denuncia al respecto.

Almada indicó que algunos medios informativos han hecho eco de las acusaciones. Pero aclaró que esos medios también están basados en el mismo error documental antes señalado.

Con base a todos esos argumentos, el subsecretario pidió al gobernador del estado, Javier Corral, que se dé por presentada y aclarada cualquier solicitud de información, en los términos de la le ley; que se tenga por aclarada la falsedad de las informaciones en su contra, y que se realice “una investigación pertinente y se deslinden las responsabilidades si hubo alteración del documento y de los errores cometidos”.

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