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7 de julio. Pagos indebidos y sobreprecios en la construcción de la Ciudad Judicial

Fallaron los órganos de control, para evitar que se dieran esos actos de corrupción: Stefany Olmos

1842visitas 04:07pm


Pagos indebidos, precios inflados y gastos sin comprobar, son algunas de las anomalías que se han detectado en la construcción de la Ciudad Judicial, según lo ha revelado la auditoría que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado (SFP) a esa obra, informó Rocío Stefany Olmos Loya, titular de dicha dependencia.

Los titulares de la SFP en la administración de César Duarte, permitieron que se hicieran grandes gastos de recursos estatales y federales en la construcción de esa obra, sin pedir las comprobaciones como era debido, ya que acreditaban las salidas de dinero con recibo simple, añadió la funcionaria.

Dichas anomalías salieron a la luz, en una auditoría parcial que practicó la SFP, la cual aún no concluye, ya que está en una etapa de aclaración por parte de los entes auditados.

Sin embargo, se ha podido constatar que hubo irregularidades graves, como las compras a sobreprecios y pagos indebidos, explicó Olmos Loya.

Debido a su tamaño, la construcción de la Ciudad Judicial será objeto de una auditoría adicional, para abarcar toda la obra completa, para detectar si hubo otras irregularidades en el resto de las operaciones relacionadas con ese proyecto, añadió.

Acerca de otros procedimientos de revisión, la titular de la SFP dio a conocer que ya se llevan a cabo auditorías al programa “Chihuahua Vive”, así como a dependencias del sector salud y a la ejecución de obras públicas.

De “Chihuahua Vive”, dijo que sí hay investigaciones y señalamientos concretos, pero por ser una auditoría en proceso, no se pueden adelantar más detalles.

Del resto de los casos de corrupción que ya están bajo proceso, dijo que en total, se desviaron recursos públicos por una suma cercana a los mil 500 millones de pesos, incluidos los pagos a empresas “fantasma” que se hicieron desde la Secretaría de Hacienda, y la venta a bajo precio, de terrenos propiedad de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI) así como la retención de parte del salario a funcionarios estatales, para entregarlo al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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