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4 de julio. Ante el Congreso proyecto de reformas del Sistema Estatal Anticorrupción

El Gobierno del Estado cederá a los ciudadanos la facultad de nombrar al Fiscal Anticorrupción, informó César Jáuregui Robles, secretario General de Gobierno.

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El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, entregó al Congreso del Estado la iniciativa de reformas constitucionales para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, en el cual se contempla el empoderamiento de la sociedad civil y la independencia de los órganos fiscalizadores, respecto del Poder Ejecutivo.

La diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, recibió de manos del secretario, el proyecto legislativo que será analizado en comisiones y de ser el caso, sometido a la consideración del Pleno para su análisis y posible votación en el próximo período extraordinario de sesiones.

En ese acto, estuvieron presentes los diputados Pedro Torres Estrada (MORENA), presidente de las comisiones de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Jorge Carlos Soto Prieto (PAN), quien encabeza la Comisión de Fiscalización.

La propuesta del Ejecutivo, contempla que el llamado “Fiscal Anticorrupción” no sea designado por el gobernador en turno, sino que surja de una propuesta de organizaciones de la sociedad civil y de la aprobación de las dos terceras partes del Congreso del Estado, informó Jáuregui Robles.

“Se busca crear un marco legal en donde el gobernador deja de lado su atribución de designar una persona como el fiscal anticorrupción, cediendo esa función a un grupo de expertos”, comentó. Luego, el jefe del Ejecutivo únicamente remitirá la propuesta al Congreso, para que sea votado por dos tercios de sus integrantes, expuso el funcionario.

Una de las principales características del proyecto de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, es el empoderamiento ciudadano y el fortalecimiento de la democracia participativa, aseguró.

“¿Esto qué significa? Que los órganos del Congreso del Estado, los propios integrantes del pleno, hoy van a tener mayores facultades para fiscalizar a los otros poderes, también a instancias como municipios”.

Además de esa modificación, se contempla cambiar el marco normativo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que este órgano fiscalizador, pueda entrar al análisis de las cuentas de los órganos de gobierno, aún antes de que concluya el ejercicio fiscal.

Con esta reforma, añadió Jáuregui Robles, si se detectan malas prácticas desde un principio, la Auditoría no tendrá qué esperar un año para hacer el señalamiento, porque para ese entonces, “ya se habrán ido todos los pillos”.

Añadió que en caso de ser aprobada la reforma por el Constituyente del Estado, el cual se compone por el Pleno del Congreso y los 67 ayuntamientos, se buscará llevar a cabo una serie de reformas a leyes secundarias, que serán necesarias para el combate a la corrupción, como por ejemplo la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o la Ley de Extinción de Dominio.

“Cumplimos en tiempo y forma con el mandato constitucional que obliga a que se discuta, analice y en su oportunidad, se vote el sistema estatal anticorrupción, derivado de la reforma nacional, pero también de una voluntad del Gobierno de Chihuahua, de ceder a la sociedad civil facultades en materia de lucha contra la corrupción”, concluyó.

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